EDESUR PONE EN JAQUE LA ENERGÍA SOLAR RESIDENCIAL Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

EDESUR PONE EN JAQUE LA ENERGÍA SOLAR RESIDENCIAL Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

EDESUR PONE EN JAQUE LA ENERGÍA SOLAR RESIDENCIAL Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
 
Por: Robinson Basden, Estratega de Marcas | Comunicador, Consultor y Analista Político

Hay decisiones que, vistas desde un escritorio, pueden parecer simples ajustes técnicos. Pero cuando uno las lleva a la realidad de la gente, descubre que sus consecuencias van mucho más allá de una factura eléctrica.

Eso es precisamente lo que ocurre con el nuevo cobro anunciado por EDESUR a determinados usuarios que tienen paneles solares.  Y yo quiero detenerme en este tema, porque aquí hay algo que no termina de cuadrarme.

Durante años hemos escuchado hablar de la necesidad de diversificar nuestra matriz energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover las energías renovables.

Se nos ha dicho que el futuro está en la energía limpia, y muchos dominicanos se lo creyeron.  Familias que hicieron sacrificios, pequeños empresarios que buscaron financiamiento; personas que decidieron invertir sus ahorros en paneles solares, no por lujo, sino porque estaban cansadas de pagar facturas eléctricas cada vez más difíciles de sostener.

Ahora resulta que esas mismas personas se enfrentan a un nuevo cargo por utilizar la red eléctrica. Y con esto uno tiene derecho a preguntarse:

¿Estamos estimulando la energía solar o estamos comenzando a ponerle obstáculos?

Porque el asunto tiene una particularidad que merece atención.  Entre los clientes alcanzados por las disposiciones anunciadas aparecen usuarios de las tarifas BTS-1 o baja tensión simple 1 (que son las residencias) y los BTS-2 o baja tensión simple 2 que son los pequeños comercios, estos dos tipos de tarifa están vinculadas a hogares y pequeños establecimientos comerciales.

No estamos hablando exclusivamente de grandes empresas con capacidad para absorber cualquier cambio en sus costos. 

Estamos hablando también del ciudadano que instaló paneles en el techo de su casa y del pequeño comerciante que buscó una forma de reducir sus gastos para mantener abierto su negocio.

Y aquí está el punto que más me preocupa.

El nuevo cargo puede cambiar los números de quienes ya invirtieron y de quienes están pensando invertir.

Según el esquema anunciado, determinados usuarios pagarían un cargo equivalente al veinticinco por ciento del componente energético de su tarifa, calculado sobre la electricidad que entreguen a la red.

Aclaremos algo: no se trata de cobrar por cada kilovatio-hora que produzcan los paneles, sino por la energía excedente que inyecten al sistema.  Esa diferencia es importante, pero también lo es entender su consecuencia económica.
 
Pongamos un ejemplo sencillo para ilustra la situación que se nos presenta…

Una familia que entregue doscientos kilovatios-hora al mes, con una tarifa energética hipotética de diez pesos por kilovatio-hora, tendría un cargo adicional de quinientos pesos mensuales.  Son seis mil pesos al año, alguien podría decir que eso no es mucho.

Pero depende de quién tenga que pagarlo. Y depende, sobre todo, de las condiciones bajo las cuales esa persona decidió invertir.

Porque quien instala paneles solares hace cuentas. Calcula cuánto va a gastar, cuánto espera ahorrar y cuántos años necesita para recuperar su dinero.  Si esas cuentas cambian, también cambia el atractivo de la inversión.

Y si el ciudadano empieza a pensar que las reglas pueden modificarse después de invertir, lo más probable es que lo piense dos veces antes de instalar.

Ahí está el verdadero riesgo.  No hace falta prohibir los paneles solares para desalentar su instalación. A veces basta con encarecer las condiciones económicas.

Ahora bien, quiero ser justo con el análisis.  La red eléctrica cuesta dinero, hay que mantenerla, modernizarla y garantizar que funcione cuando un hogar necesita consumir energía del sistema.

Ese argumento merece ser escuchado.  Pero también merece una explicación convincente las siguientes interrogantes…

¿Por qué precisamente un veinticinco por ciento?

¿Qué estudio técnico respalda ese porcentaje?

¿Cuánto cuesta realmente el servicio que recibe ese pequeño productor?

¿Y qué impacto tendrá la medida sobre la recuperación de su inversión? 

Porque una regulación no debe justificarse únicamente diciendo que existe un costo.

También debe explicar cómo se calculó y por qué resulta razonable.

Pero hay otra parte de esta historia que considero todavía más delicada. 

La seguridad jurídica.

EDESUR ha anunciado la aplicación del cargo a determinados usuarios incorporados al Programa de Medición Neta antes de octubre de 2021, con una fecha prevista de inicio del primero de noviembre de 2026.

Sin embargo, la Resolución SIE-007-2026-REG contempla disposiciones transitorias para los contratos anteriores, y la propia Superintendencia ha señalado que las condiciones de esos acuerdos se mantienen hasta su vencimiento.

Entonces, aquí hay una pregunta que alguien tiene que responder.

¿Todos los contratos de los usuarios a quienes se pretende cobrar han vencido?

Y si no han vencido, ¿cuál es el fundamento para modificar sus condiciones?

No se trata de buscar una confrontación por buscarla. Se trata de algo mucho más importante: la confianza del consumidor.

El artículo 110 de nuestra Constitución protege la seguridad jurídica de las situaciones establecidas conforme a normas anteriores.  Pero eso no significa que las regulaciones sean intocables.

Significa que los cambios deben hacerse respetando los derechos que correspondan y las condiciones legalmente protegidas.

Porque el problema de cambiar las reglas no termina en los paneles solares.  El problema es el mensaje que recibe cualquier ciudadano que esté pensando invertir en este país.

Hoy puede ser una instalación solar, mañana puede ser un pequeño negocio. Y pasado mañana, cualquier otra actividad en la que una persona haya comprometido sus ahorros confiando en determinadas condiciones.

Por eso insisto en que este tema no puede tratarse como un simple ajuste de facturación. Aquí hay una discusión económica, jurídica y, sobre todo, de política pública.

La República Dominicana necesita más inversión en energía, necesita mejorar sus redes, necesita reducir pérdidas y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico.  Y también necesita que la gente participe en la transición energética.

No podemos hablar permanentemente de modernización y, al mismo tiempo, dejar sin respuesta las preocupaciones de quienes ya apostaron por esa modernización.

Es por esta y otras razones que hay que encontrar un equilibrio.  Uno que reconozca los costos reales de la red, pero que también preserve condiciones razonables para la generación distribuida.

Uno que no obligue a los demás consumidores a asumir costos injustificados, pero que tampoco termine convirtiendo al pequeño productor solar en alguien que se arrepienta de haber invertido.

Y en este punto quiero dejar algo claro…  No estoy afirmando que todo cobro por uso de la red sea ilegal. Tampoco estoy diciendo que exista una intención demostrada de impedir la instalación de paneles solares.

Lo que estoy planteando es que una medida puede convertirse en un obstáculo por sus consecuencias, aunque esa no sea la intención declarada de quienes la aprobaron.

Y ese riesgo no puede ignorarse. EDESUR y la Superintendencia de Electricidad deben explicar, con números y con documentos, cómo se aplicará el nuevo cargo, qué contratos estarán afectados y cuáles son las razones técnicas que justifican su monto.

La ciudadanía merece respuestas claras. Porque al final, detrás de cada panel solar instalado, hay una decisión económica, hay una familia que hizo un sacrificio, hay un comerciante que apostó por reducir sus costos.

Y hay una confianza depositada en las reglas del país.

Esa confianza también tiene un valor. Y cuando se pierde, recuperarla puede costar mucho más que cualquier factura eléctrica.

Aquí termino con una reflexión final para despedirme.  Si de verdad queremos que la República Dominicana avance hacia un modelo energético más moderno, sostenible y participativo, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo para que los ciudadanos formen parte de ese futuro.

Porque no podemos pedirle a la gente que invierta en energía limpia y después dejarla con la incertidumbre de si las condiciones bajo las cuales invirtió seguirán siendo respetadas.

La energía solar necesita reglas claras, el sistema eléctrico necesita sostenibilidad, y los ciudadanos necesitan confianza.

El reto de las autoridades es demostrar que esas tres cosas pueden caminar juntas, porque, de lo contrario, el verdadero problema no será cuánto cuesta utilizar la red.

Será cuánto le cuesta al país que la gente deje de confiar en las reglas del sistema eléctrico nacional.