Puntos de impacto en el proyecto de ley “anticrisis”
lavozdelnortetv 15-06-2026La “mini reforma fiscal”, como dicen los economistas o “plan anticrisis” como denomina el Gobierno la propuesta de ley “Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional” presentada al Congreso Nacional, contiene un conjunto de modificaciones al Código Tributario que impactan de distintas maneras a los sectores productivos.
Una de las medidas que establece la pieza legislativa es un aumento de un 10 a un 15% sobre los pagos por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bien mueble o inmueble (como casas o locales) gestionados por personas físicas.
Según el documento, este monto tendrá carácter de pago único y definitivo, simplificando el trámite para el propietario pero gravando directamente el ingreso por renta.
El artículo 17 establece también un incremento de 10 a 15% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general provistos por personas fisicas, no ejecutados en relación de dependencia, cuya provisión requiere la intervención directa del recurso humano, con carácter de pago a cuenta.
Se agrega el artículo 296-1 sobre ganancias de capital de rentas inmobiliarias que impone el pago de 10% como pago único a las ganancias generadas en la enajenación de bienes inmuebles propiedad de personas físicas. Este impuesto solo estará exento cuando la persona que venda el inmueble lo reinvierta en la compra de una nueva vivienda en los próximos seis meses.
La propuesta mantiene el 25% sobre premios o ganancias obtenidas en loterías, e incluye con la misma gravación a las bancas de apuestas en los deportes, fracatanes, lotos, loto quizz, premios electrónicos, premios por campañas promocionales o publicitarias y cualquier otro tipo de apuesta o sorteo, eliminando las categorizaciones por montos.
También eleva de 10 a 15% las ganancias obtenidas por máquinas tragamonedas y el impuesto para cualquier otro tipo de renta no contemplado expresamente en estas disposiciones.
El proyecto de ley propone que los pagos realizados por el Estado dominicano a personas físicas o jurídicas por la compra de bienes y servicios en general tendrán una retención del 5% y plantea que los contribuyentes que generen sus ingresos por comisiones se les aplicarán la retención al monto de la comisión regulada conforme norma o resolución y previa autorización de la administración tributaria. Para esta medida estarán exceptuados de retención los contribuyentes del sector agropecuario.
Según el documento, este monto tendrá carácter de pago único y definitivo, simplificando el trámite para el propietario pero gravando directamente el ingreso por renta.
El artículo 17 establece también un incremento de 10 a 15% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general provistos por personas fisicas, no ejecutados en relación de dependencia, cuya provisión requiere la intervención directa del recurso humano, con carácter de pago a cuenta.
Se agrega el artículo 296-1 sobre ganancias de capital de rentas inmobiliarias que impone el pago de 10% como pago único a las ganancias generadas en la enajenación de bienes inmuebles propiedad de personas físicas. Este impuesto solo estará exento cuando la persona que venda el inmueble lo reinvierta en la compra de una nueva vivienda en los próximos seis meses.
La propuesta mantiene el 25% sobre premios o ganancias obtenidas en loterías, e incluye con la misma gravación a las bancas de apuestas en los deportes, fracatanes, lotos, loto quizz, premios electrónicos, premios por campañas promocionales o publicitarias y cualquier otro tipo de apuesta o sorteo, eliminando las categorizaciones por montos.
También eleva de 10 a 15% las ganancias obtenidas por máquinas tragamonedas y el impuesto para cualquier otro tipo de renta no contemplado expresamente en estas disposiciones.
El proyecto de ley propone que los pagos realizados por el Estado dominicano a personas físicas o jurídicas por la compra de bienes y servicios en general tendrán una retención del 5% y plantea que los contribuyentes que generen sus ingresos por comisiones se les aplicarán la retención al monto de la comisión regulada conforme norma o resolución y previa autorización de la administración tributaria. Para esta medida estarán exceptuados de retención los contribuyentes del sector agropecuario.
La propuesta establece una “cláusula de cierre” que impone una retención del 15% para cualquier otro tipo de renta que no esté expresamente mencionada en esas disposiciones.
El avance de las energías renovables en el país refleja un sector cada vez más robusto dentro del sistema eléctrico dominicano, que actualmente supera el 25 % de generación limpia. Sin embargo, su crecimiento se ve limitado por factores tanto operativos como regulatorios.
Durante el panel "Regulación energética, costos y competitividad: retos para el desarrollo empresarial", organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Franco-Dominicana, expertas en la materia señalaron que existen dos factores de riesgo que afectan tanto la captación de inversiones como la bancarización de las empresas que apuestan por este modelo de negocio: el curtailment o vertimiento de energía y la regulación del almacenamiento mediante baterías.
El vertimiento consiste en la reducción intencional de la producción de energía eléctrica por parte de una planta generadora cuando el operador de la red ordena limitar la energía inyectada al sistema.
En República Dominicana, especialmente en el caso de los proyectos solares, no siempre es posible inyectar al sistema toda la energía producida debido a diversas causas, como exceso de oferta, congestión de la red, trabajos de mantenimiento u otras restricciones operativas.
Durante el panel "Regulación energética, costos y competitividad: retos para el desarrollo empresarial", organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Franco-Dominicana, expertas en la materia señalaron que existen dos factores de riesgo que afectan tanto la captación de inversiones como la bancarización de las empresas que apuestan por este modelo de negocio: el curtailment o vertimiento de energía y la regulación del almacenamiento mediante baterías.
El vertimiento consiste en la reducción intencional de la producción de energía eléctrica por parte de una planta generadora cuando el operador de la red ordena limitar la energía inyectada al sistema.
En República Dominicana, especialmente en el caso de los proyectos solares, no siempre es posible inyectar al sistema toda la energía producida debido a diversas causas, como exceso de oferta, congestión de la red, trabajos de mantenimiento u otras restricciones operativas.
Según los informes mensuales del Organismo Coordinador (OC), el promedio diario de energía renovable generada que no pudo ser incorporada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alcanzó el 14 % entre enero y abril.
"Ahora mismo el curtailment afecta directa y significativamente los proyectos a nivel financiero. Nosotros estamos viviendo proyectos que se concibieron hace 10, 8, 5, 6 años, que no tenían previsto una situación de curtailment y donde los ingresos que están recibiendo ni siquiera dan para pagar el financiamiento del banco", dijo la vicepresidenta legal y corporativa de Martí, Alexandra Gärtner Mota, durante el panel.
En este contexto, las baterías surgen como una de las principales estrategias de mitigación, ya que permiten almacenar la energía producida durante más tiempo.
Ophélie Laine, Chief Operating Officer de Akuo Energy RD, señaló que uno de los aspectos regulatorios que podría fortalecerse es la incorporación de un marco específico para el almacenamiento con baterías, su integración al sistema eléctrico y su esquema de remuneración.
"A medida que aumenta la participación de las energías renovables, el almacenamiento deja de ser una tecnología complementaria y se convierte en una herramienta esencial para gestionar la variabilidad, reducir el curtailment y aprovechar mejor la energía generada", expresó.
Seminario Jurídico
La Cámara de Comercio e Inversión Franco Dominicana (CCIFD) celebró el pasado jueves el Seminario Jurídico 2026, titulado "Regulación de los sectores estratégicos y su impacto en el desarrollo de los negocios", un espacio que reunió a autoridades, empresarios y especialistas para analizar los principales desafíos regulatorios que enfrenta la economía dominicana.
La jornada incluyó paneles sobre comercio e industria, energía, turismo, telecomunicaciones e infraestructura, con la participación de funcionarios públicos, representantes del sector privado y expertos en asuntos legales y regulatorios.
Entre los participantes estuvieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, y representantes de importantes empresas y gremios empresariales.
El evento concluyó con una conferencia magistral sobre el impacto económico de la regulación en los sectores estratégicos de la República Dominicana, a cargo del consultor económico y financiero José Luis De Ramón. Los organizadores destacaron que el seminario busca promover el diálogo entre los sectores público y privado para fortalecer la competitividad y el clima de inversión del país.
En este contexto, las baterías surgen como una de las principales estrategias de mitigación, ya que permiten almacenar la energía producida durante más tiempo.
Ophélie Laine, Chief Operating Officer de Akuo Energy RD, señaló que uno de los aspectos regulatorios que podría fortalecerse es la incorporación de un marco específico para el almacenamiento con baterías, su integración al sistema eléctrico y su esquema de remuneración.
"A medida que aumenta la participación de las energías renovables, el almacenamiento deja de ser una tecnología complementaria y se convierte en una herramienta esencial para gestionar la variabilidad, reducir el curtailment y aprovechar mejor la energía generada", expresó.
Seminario Jurídico
La Cámara de Comercio e Inversión Franco Dominicana (CCIFD) celebró el pasado jueves el Seminario Jurídico 2026, titulado "Regulación de los sectores estratégicos y su impacto en el desarrollo de los negocios", un espacio que reunió a autoridades, empresarios y especialistas para analizar los principales desafíos regulatorios que enfrenta la economía dominicana.
La jornada incluyó paneles sobre comercio e industria, energía, turismo, telecomunicaciones e infraestructura, con la participación de funcionarios públicos, representantes del sector privado y expertos en asuntos legales y regulatorios.
Entre los participantes estuvieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, y representantes de importantes empresas y gremios empresariales.
El evento concluyó con una conferencia magistral sobre el impacto económico de la regulación en los sectores estratégicos de la República Dominicana, a cargo del consultor económico y financiero José Luis De Ramón. Los organizadores destacaron que el seminario busca promover el diálogo entre los sectores público y privado para fortalecer la competitividad y el clima de inversión del país.
