Pepca logró condenas en 2025 pero tiene un caso en riesgo en 2026
lavozdelnortetv 02-01-2026En unos meses se espera que concluya el caso de los militares, pero el de Jean Alain tiene el tiempo en contra
El año 2025 cerró con condenas en tres de los principales casos de corrupción y criminalidad organizada, encausados por la Procuraduría General de la República y para los primeros meses del 2026 se espera otra decisión judicial en ese sentido.
De igual modo, concluye con la judicialización con lo que hasta ahora sería el mayor caso de corrupción administrativa; el caso del Seguro Nacional de Salud y Aseguradora de Riesgos de Salud (Senasa) por el cual están en prisión el exdirector de esa institución, Santiago Hazim y otras ocho personas.
El 2025 fue el año que marcó un antes y un después en la cabeza del Ministerio Público; por primera vez en la historia, su titular provino de la carrera. Yeni Berenice Reynoso, fue elegida en febrero por el Consejo Nacional de la Magistratura en sustitución de la exjueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
Berenice Reynoso, quien era directora de persecución y procuradora adjunta, continuó la labor que junto a Germán Brito iniciaron en el año 2020 cuando el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el nombramiento de personas no vinculadas a partidos políticos como titulares de la Procuraduría.
Las operaciones de lucha contra la criminalidad organizada, especialmente contra el narcotráfico, fue otro de los enfoques principales de ese organismo junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Unas 48.3 toneladas de distintas sustancias narcóticas fueron incautadas.
El Consejo Superior del Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, con el objetivo de profundizar en una estrategia integral de persecución del narcotráfico en el país.
Casos resueltos en los tribunales
El primer gran caso instrumentado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a finales del 2020, llegó a su fin en primer grado; en agosto, el Segundo tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Danilo Medina, y otras personas físicas y jurídicas.
Medina Sánchez, señalado como el cabecilla de un entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores.
Además de imponerle una pena de siete años de prisión, la disolución de sus empresas, el decomiso de bienes y el pago de una multa de 150 salarios mínimos, le impuso el pago solidario de 500 millones de pesos en favor del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los actos de corrupción.
La decisión fue recurrida en apelación por los procesados, el Ministerio Público y los querellantes.
En ese mismo mes, los exempleados del Ministerio Público y otras personas vinculadas a la operación Gavilán, estructura de criminalidad organizada, en la modalidad del Cibercrimen, que ejecutó de manera deliberada maniobras informática fraudulentas de acceso ilícito para alterar, borrar, modificar, afectar, eliminar y dañar los datos y registros delictivos (fichas) de los ciudadanos con antecedentes penales, fueron condenados por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Las trece personas acusadas de recibir sobornos para borrar y alteraban los registros de antecedentes penales de cientos de personas de la base de datos del Ministerio Público recibieron condenas que van de los 3 hasta los 10 años de prisión. El tribunal también acogió el criterio de oportunidad dado a otros tres miembros de la estructura.
Por concluir y en riesgo de perimir
Las denominadas operaciones Coral y Coral 5G, las cuales fueron fusionadas en un solo expediente, podrían llegar a su fin en los primeros meses de este año. El 6 de enero el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto continuar el conocimiento de la audiencia recesada a fin de que uno de los imputados viajara al extranjero para recibir asistencia médica.
El caso que involucra al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), el mayor general Adán Cáceres Silvestre,el exdirector de la Policía Turística (Politir), el mayor general, Juan Carlos Torres Robiou, en otros, se encuentra en la fase de presentación de conclusiones.
Sin embargo, con un panorama contrario se encuentra el expediente seguido al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados mediante la denominada Operación Medusa. Ese expediente, lleva más de cinco años en los tribunales y el avance alcanzado es deficiente, lo que ha puesto en el debate público y jurídico las tesis de que podría perimir por agotarse el plazo máximo de duración de proceso.
El expediente de más de doce mil páginas, que tiene como imputadas a 41 personas físicas y 22 empresas, muchas de las cuales llegaron acuerdos con el Ministerio Público y se declararon culpables en juicios abreviados, está en poder del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desde marzo del año pasado, a la fecha no ha celebrado las audiencias de fondo. La próxima audiencia está pautada para el 14 de enero.
En junio del 2023 el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito dictó auto de apertura a juicio a los acusados de corrupción en la Procuraduría.
Calamar en preliminar y otras operaciones
En los próximos meses está previsto que inicien las audiencias preliminares del denominado caso Calamar donde se encuentran imputados los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito fijó la audiencia para el 9 de enero de 2026.
Además del caso Senasa, se judicializaron otros seis grandes casos: Begonia, donde se imputa a una presunta red de trata de personas; Jaguar y Leopardo, involucran a redes de narcotráfico y lavado de activos; Lobo, una presunta red de soborno que involucra a militares y civiles; Discovery 3.0, la tercera fase de la estructura que estafó a adultos mayores en Estados Unidos a través de call center clandestinos y Domo, que tiene que ver con una red de piratería digital.
En lo relativo Discovery 3.0, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia está apoderada de las solicitudes extradición de Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel José de la Cruz Rodríguez (alias Panflow) y Joel Francisco Mathilda León, a quienes les fue impuesta medida de coerción.
