La masacre de La Barranquita y una investigación que aún no concluye
lavozdelnortetv 26-09-2025El miércoles 10 de septiembre de 2025, cinco hombres murieron durante un operativo de la Policía Nacional en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago. Entre las víctimas estaba el barbero José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, conocido en su comunidad por su trabajo en una peluquería del área.
Han pasado más de dos semanas desde la masacre de La Barranquita y, a pesar de las declaraciones de “cero impunidad” de la ministra de Interior y del propio presidente Luis Abinader, la investigación está cubierta por un velo de opacidad. El Ministerio Público anunció que concluyó la fase preliminar, pero no ha hecho público ni un solo documento, peritaje o informe parcial.
La Policía Nacional, que suele dar ruedas de prensa inmediatas en casos de “intercambios de disparos”, en este episodio se ha refugiado en un silencio calculado: no ha explicado con precisión qué hacía la patrulla en esa plaza, bajo qué órdenes actuaba ni por qué terminó muerto un barbero sin antecedentes.
La Procuraduría tampoco ha informado si los videos de seguridad confirman la versión del supuesto tiroteo o, por el contrario, muestran un montaje. El caso ha quedado en una zona gris: se reconoce que hubo irregularidades, pero nadie rinde cuentas ni se presentan imputaciones.
El resultado es que el discurso oficial se contradice con la realidad de los hechos. Se promete “investigación a fondo”, pero las víctimas no tienen rostro en el expediente, los agentes no tienen nombre y las pruebas técnicas permanecen guardadas bajo llave.
Han pasado más de dos semanas desde la masacre de La Barranquita y, a pesar de las declaraciones de “cero impunidad” de la ministra de Interior y del propio presidente Luis Abinader, la investigación está cubierta por un velo de opacidad. El Ministerio Público anunció que concluyó la fase preliminar, pero no ha hecho público ni un solo documento, peritaje o informe parcial.
La Policía Nacional, que suele dar ruedas de prensa inmediatas en casos de “intercambios de disparos”, en este episodio se ha refugiado en un silencio calculado: no ha explicado con precisión qué hacía la patrulla en esa plaza, bajo qué órdenes actuaba ni por qué terminó muerto un barbero sin antecedentes.
La Procuraduría tampoco ha informado si los videos de seguridad confirman la versión del supuesto tiroteo o, por el contrario, muestran un montaje. El caso ha quedado en una zona gris: se reconoce que hubo irregularidades, pero nadie rinde cuentas ni se presentan imputaciones.
El resultado es que el discurso oficial se contradice con la realidad de los hechos. Se promete “investigación a fondo”, pero las víctimas no tienen rostro en el expediente, los agentes no tienen nombre y las pruebas técnicas permanecen guardadas bajo llave.
La indagatoria preliminar
El 23 de septiembre, el Ministerio Público informó que concluyó la fase preliminar de la investigación. Una fuente vinculada al proceso detalló que los fiscales se centraron en establecer las responsabilidades de los agentes que participaron en el operativo.
Para ello se recolectaron pruebas técnicas, entre ellas videos de cámaras de seguridad en los alrededores de la peluquería donde se produjo la balacera. Se confirmó además que varios agentes del Dicrim permanecen bajo investigación, aunque sus identidades y rangos no han sido revelados de manera oficial, a la espera de la presentación del informe.
Lugar donde la agentes de la Policía mataron a cinco hombres en Santiago en un supuesto intercambio de disparos. (DIARIO LIBRE/PABLO GARCÍA)
De acuerdo con esa fuente, el Ministerio Público ofrecería en las próximas horas los hallazgos de la pesquisa. Hasta el momento, sin embargo, no se han hecho públicos los resultados de las pruebas técnicas ni la decisión sobre eventuales sometimientos judiciales.
Promesas oficiales
La gravedad del hecho provocó una reacción inmediata desde el Gobierno. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como un hecho “bochornoso” y prometió que “no habrá impunidad”. Aseguró que los agentes involucrados fueron suspendidos y colocados a disposición del Ministerio Público.
El presidente Luis Abinader también se refirió al caso y sostuvo que la investigación llegará “hasta las últimas consecuencias”. El mandatario recalcó que, como en otros casos, la posición oficial es que las actuaciones de la Policía deben ser investigadas a fondo y sancionadas en caso de que se compruebe uso excesivo de la fuerza.
No obstante, la falta de resultados concretos ha alimentado la percepción de que la pesquisa avanza con lentitud y bajo un manto de opacidad, distinto al manejo que el Ministerio Público ha dado a otros hechos similares en los últimos dos años.
El 23 de septiembre, el Ministerio Público informó que concluyó la fase preliminar de la investigación. Una fuente vinculada al proceso detalló que los fiscales se centraron en establecer las responsabilidades de los agentes que participaron en el operativo.
Para ello se recolectaron pruebas técnicas, entre ellas videos de cámaras de seguridad en los alrededores de la peluquería donde se produjo la balacera. Se confirmó además que varios agentes del Dicrim permanecen bajo investigación, aunque sus identidades y rangos no han sido revelados de manera oficial, a la espera de la presentación del informe.
Lugar donde la agentes de la Policía mataron a cinco hombres en Santiago en un supuesto intercambio de disparos. (DIARIO LIBRE/PABLO GARCÍA)
De acuerdo con esa fuente, el Ministerio Público ofrecería en las próximas horas los hallazgos de la pesquisa. Hasta el momento, sin embargo, no se han hecho públicos los resultados de las pruebas técnicas ni la decisión sobre eventuales sometimientos judiciales.
Promesas oficiales
La gravedad del hecho provocó una reacción inmediata desde el Gobierno. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como un hecho “bochornoso” y prometió que “no habrá impunidad”. Aseguró que los agentes involucrados fueron suspendidos y colocados a disposición del Ministerio Público.
El presidente Luis Abinader también se refirió al caso y sostuvo que la investigación llegará “hasta las últimas consecuencias”. El mandatario recalcó que, como en otros casos, la posición oficial es que las actuaciones de la Policía deben ser investigadas a fondo y sancionadas en caso de que se compruebe uso excesivo de la fuerza.
No obstante, la falta de resultados concretos ha alimentado la percepción de que la pesquisa avanza con lentitud y bajo un manto de opacidad, distinto al manejo que el Ministerio Público ha dado a otros hechos similares en los últimos dos años.
